Política

Depredando el litoral

“La reforma pretende ser un medio eficaz para proteger la integridad del dominio público marítimo-terrestre y preservar su uso común” o “[…] se orienta a garantizar la protección del litoral y otorgar seguridad jurídica” son sólo algunos de los muchísimos y excelentes propósitos, casi samaritanos, que se pueden leer en el anteproyecto de la Reforma de la Ley de Costas del año 1988, rebautizada por el Gobierno como Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral…

costas

Analicemos pues, algunas de estas buenas intenciones y los supuestos beneficios que va a reportar al territorio del litoral español y a los intereses generales de la población:

1. Prórroga de concesiones. Las concesiones de uso del dominio público marítimo-terrestre, las cuales tenían vigencia durante 30 años caducando en 2018, se prolongan 75 años (estas concesiones se otorgaron a viviendas que se construyeron sobre dominio público marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988).

Es decir, no sólo no se va a proceder al derribo de las viviendas afectadas por tales concesiones, tal como se instaba en la ley de 1988 una vez finalizasen las mismas, si no que se les concede el don de la vida (casi)eterna.  La justificación que se puede apreciar en el anteproyecto es que “se trata de evitar el riesgo de que se produzca la pérdida del derecho […] sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros”. Esta medida ha sido aplaudida por la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, al asegurar que “ofrece una mayor seguridad jurídica a los propietarios” y que se trata de “una buena noticia para la economía española. Los ciudadanos y las empresas europeas tendrán más confianza a la hora de invertir”.

 Por lo que se puede extraer de estas palabras, es cierto que la ley busca proteger los intereses generales de la población… extranjera.

 A esto hay que añadir, tal y como se plasma en el documento, que los dueños de tales inmuebles podrán vender las casas y ejecutar reformas sin permiso, siempre que no aumenten de altura ni volumen.

2. Amnistía urbanística. Se amnistían 10 núcleos de edificaciones residenciales construidos sobre dominio público marítimo-terrestre, que en el momento de entrada en vigor de la presente reforma dejarán de ser considerados como dominio público. En total, el número de viviendas amnistiadas son unas 10.000. Esta amnistía se produce sin ninguna justificación de tipo técnico ni ambiental. Los núcleos excluidos del dominio público marítimo-terrestre son los siguientes:

  • Rocafel, término municipal de Alicante, provincia de Alicante.
  • Puerto de Santa Pola, término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante.
  • Empuriabrava, término municipal de Castelló d´Empuries, provincia de Girona.
  • Platja d´Aro, término municipal de Castell Platja d’Aro, provincia de Girona.
  • Ría Punta Umbría, término municipal de Punta Umbría, provincia de Huelva.
  • Caño del Cepo, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva.
  • Casco urbano, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva.
  • Pedregalejo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga.
  • El Palo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga.
  • Oliva, término municipal de Oliva, provincia de Valencia.

Continuando por el camino de la amnistía, tan transitado en estos tiempos, se sienta ahora un peligroso precedente que abre la puerta a que se produzca una cascada de peticiones urbanísticas para ser excluidas del dominio público marítimo-terrestre.

3. Redefinición de criterios. Para determinar el alcance del dominio público marítimo-terrestre, el anteproyecto establece que “se deberán revisar los deslindes cuando los mayores temporales conocidos, no hubieran alcanzado el límite que se estableció en el deslinde, en al menos cinco ocasiones, en los diez años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya practicado el deslinde, o en defecto de referencias conocidas en ese periodo, en los diez años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de esta ley”. ¿Qué supone este enunciado? Pues que se está cometiendo una imprudencia tanto social como económica y ambiental ya que, tal como expresa muy bien Fernando Palao en un artículo del diario El País (5.10.2012) “… no existen registros documentados ni fiables del alcance de los temporales en todos los puntos de la costa, por lo que es imposible demostrar lo que pasó precisamente en los diez años anteriores a la fecha del deslinde o de la aprobación de la ley a lo largo de toda la costa”.

Un periodo de retorno de 10 años resulta irrisorio para establecer el límite del dominio público cuando en la mayoría de obras hidráulicas se utilizan periodos de retorno de entre 100 y 500 años.

Construyan sobre ese espacio, pero luego aténganse a las consecuencias de pérdidas humanas y materiales cuando arrecie el temporal.

4. Dunas. Se puede leer en el anteproyecto que “se eliminan del concepto de demanio natural las dunas artificiales y las dunas muertas, entendiendo por éstas los sistemas arenosos de carácter fijo que no contribuyen a garantizar la estabilidad de la playa y defensa de la costa”.

La premeditada ambigüedad de la definición de “duna muerta” y “duna artificial” deja el abanico abierto a multitud de futuras intervenciones urbanísticas en espacios de altísimo valor ambiental y paisajístico tales como la playa de Bolonia –término municipal de Tarifa, Cádiz-, las dunas de Corrubedo –término municipal de Riveira, A Coruña- o la mismísima Doñana.

5. Reducción de la zona de servidumbre en las rías. Los 100 metros de servidumbre estipulados en la anterior ley pasan a ser 20 metros en las rías, con el único propósito de legalizar la situación de numerosas poblaciones gallegas, aún a costa de poner sus vidas y bienes inmuebles a merced de la naturaleza y a pesar de la constatación de la subida del nivel del mar en los últimos años.

Con todo, es bastante evidente que la nueva reforma de la Ley de Costas, se erige como abanderada del modelo ladrillo-fénix. ¿En qué consiste el ladrillo-fénix? En regenerar, desde sus cenizas aún calientes, el demostradamente fracasado modelo de crecimiento urbanístico como motor ficticio de una economía agonizante.

La nostalgia inmobiliaria aún habita en determinados sectores de la sociedad, que se niegan a aceptar un cambio de modelo, e intentan reflotar, con ayuda de reformas y amnistías, los pecios -y precios- del ladrillo. Amnistía por cierto, que no fue concedida a los habitantes del Chovito (Tenerife) –sus derribos y desalojos aún deambulan en nuestra retina. Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=GWGd8bsQpLY&feature=related – en octubre de 2008. Resulta difícil imaginar esos mismos desalojos en otros lugares como la Empuriabrava.

Este mismo año, se promovió desde varios ámbitos académicos y profesionales un manifiesto digno de leer:

http://ep00.epimg.net/descargables/2012/07/12/498a0128d3afc7f66b1196c3e94d95c9.pdf

Así pues, se han analizado en este artículo 5 puntos conflictivos de la nueva reforma de Ley de Costas –Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral-. Hay muchos más que invitamos a que conozcan leyendo de primera mano el anteproyecto (enlace abajo) y el BOE.

P.D.: Seamos todos conscientes de la apropiación indebida que determinados sectores han hecho de las palabras “sostenibilidad” y “sostenible”, obligándonos a los profesionales del medio ambiente a renegar de ellas y expulsarlas de nuestro vocabulario por temor a compartir las acepciones tan perniciosas que les otorgan desde estos ámbitos.

Anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral:

http://ep00.epimg.net/descargables/2012/10/06/4f255676e3fcbd9a046886908ed9c547.pdf

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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/05/actualidad/1349450918_953777.html

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/05/actualidad/1349430856_703093.html#sumario_1

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