Agricultura

Las Reformas Agrarias en Andalucía

Esta semana es el día de Andalucía. Se cumplen 34 años desde que los andaluces votaron a favor de la plena autonomía. Una autonomía que se esperaba y era la esperanza de una gran parte de la población de la región por la ansiada Reforma Agraria que mejorase la situación de los cientos de miles de jornaleros que atesoraba la comunidad.

No es fácil conocer cuál es el origen de la mala distribución de la tierra en Andalucía. Se habla de que ésta comenzó en la Reconquista. Debido a que, al comienzo de ella, el proceso era muy lento, las fincas y los términos municipales son pequeños (algo que se puede ver con un mapa de términos de España. En el norte son de mucha menor extensión que en el sur). Sin embargo, en Andalucía, Extremadura o Murcia, entre otras, al ser más rápida, las fincas son mayores.

No obstante, hay otros estudios que afirman que los repartos que se llevaron a cabo a partir del siglo XIII no fueron descompensados, sino que todos los agricultores tenían tierras. El problema vino más tarde, provocado por la inexistencia de demanda interior, guerras, plagas y enfermedades. Todos estos elementos generaron que muchas fincas se abandonaran o vendiesen a un precio muy bajo, por lo que poco a poco se fueron acumulando en pocas manos, normalmente de nobles y adinerados que eran quienes las podían comprar.

Así, a mediados del siglo XVIII más del 60% de las tierras eran de nobles (que suponían el 0,9% de la población en Sevilla o el 0,4% en Córdoba o Jaén); la Iglesia era la propietaria del 17,6% y el resto se repartía entre la Corona, los ayuntamientos y otros particulares.

Estos latifundios tenían que ser trabajados y, normalmente, para ello se arrendaban. Así, entre los que no tenían propiedades, existían desde grandes arrendatarios (que usaban los excedentes en “alquilar” más fincas) a otros que conseguían pequeñas tierras que no les daba para subsistir y, la gran mayoría de la población, los jornaleros, los campesinos sin tierra: “sufrían una explotación despiadada, se les pagaba una miseria y vivían en el límite de la subsistencia, sobreviviendo gracias al trabajo de mujeres y niños, y del recurso al hurto”.

Cuando todo el dinero del jornal se tenía que invertir en alimentar a la familia y no siempre era suficiente, la demanda interna no existía y la pequeña manufactura que había fue barrida por la de otras regiones. De esta manera toda la economía siguió girando entorno a la agricultura, sin nada que pudiera hacerle frente, y bajo el control de unos pocos propietarios.

Los procesos de desamortización no hicieron más que agravar el problema, porque sólo la gente con dinero pudo adquirir las tierras que se expropiaron a la Iglesia -las propiedades seguían estando, cada vez, en menos manos-. Asimismo, en 1837, se promulgó el decreto “de señoríos” por el que se establecía que las fincas sobre las que ejercían control los nobles, eran suyas y se convertían en sus propietarios. Más tierras, para los mismos y ya con plenos derechos.

Todo esto, a lo que podemos sumar la Desamortización Civil de 1855 que no hizo más que agravar estas desigualdades, llevó a una gran diferenciación entre los distintos estamentos de la población y una radicalización entre ellos: los terratenientes fuertemente reaccionarios y tradicionales, que quería seguir manteniendo su status quo y, para ello, tenían de su parte tanto al gobierno como a la Guardia Civil; y los jornaleros y clases medias algo más liberales en los que calaron las ideas del anarquismo. Así, llegamos al primer gran intento de Reforma Agraria, el que se llevó a cabo durante la II República.

La Reforma Agraria en la República

Cuando la República comenzó su andadura, más de dos millones de jornaleros trabajaban en el campo español, en condiciones infrahumanas, labrando las tierras de los “señoritos”.

CampesinoFuente: www.cervantesvirtual.com

Para intentar revertir esta problemática se llevaron a cabo una serie de reformas para mejorar las condiciones de los jornaleros. Antes de comenzar con la Ley, se dictaron unos “Decretos agrarios” que establecían cláusulas para los propietarios de latifundios, como la obligación de plantar para que los jornaleros tuviesen trabajo, una jornada de 8 horas como las de las fábricas y no de sol a sol (16 horas) como habían tenido hasta ahora o la obligación de contratar a personas del municipio para evitar que se les pagase sueldos ínfimos.

Sin embargo, esto no se llevó a cabo, en gran parte, debido al poder que tenían los grandes terratenientes y al apoyo sin fisuras de la Guardia Civil (muchos provenientes de familias de latifundistas). Se realizaron cierres patronales para evitar que trabajasen o se les negaba, directamente, al grito de “¡Comed República!”.  Aunque los jornaleros en paro se contaban por decenas de miles, los terratenientes proclamaron que el desempleo era una invención de la República. La recogida de bellotas, normalmente comidas por los cerdos, o de aceitunas caídas de los olivos, o de leña, o incluso de agua para abrevar a los animales, se denunciaron en Jaén como actos de “cleptomanía colectiva”. Los campesinos hambrientos a los que se sorprendía in fraganti eran brutalmente apaleados por la Guardia Civil o los guardas armados de las fincas.

La Ley que se forjaba durante esta primera parte de la República fue cambiándose poco a poco y haciéndose cada vez más acorde a lo que esperaban los propietarios. De una ocupación “temporal”, pero sin fecha final, de los latifundios que hiciera que los jornaleros las cultivaran en régimen de cooperativa se pasó a unas expropiaciones que se pagarían al precio que los propietarios dictaran.

Además, al Instituto de Reforma Agraria se le dotó de ínfimos recursos, por lo que todo este proceso de expropiación se hizo muy lento, lo que indignó a los campesinos que esperaban “como agua de mayo” esta Ley para mejorar su penosa situación. Esto llevó a un aumento de la agitación social, ya que no se cumplían las expectativas que tenían depositados en ella y se fueron difundiendo ideas anarquistas. Además, como ya hemos comentado, el uso de la fuerza desproporcionada por parte de los terratenientes tiñó de sangre gran parte de estas fincas, en parte porque consideraban a los jornaleros como una especie inferior a ellos. Existían ideas racistas y supremacistas que hacían que no tuviesen ningún tipo de remordimiento cuando lanzaban a la Guardia Civil a apalearlos o dispararles.

Cuando la derecha llegó al poder de la República modificó la Ley y la hizo más acorde a lo que querían los propietarios. No se podían llevar a cabo expropiaciones sin indemnizaciones y, además, los terratenientes eran los que ponían, en gran parte, el precio de las fincas. Además, para añadir más leña al fuego, se redujo el ya de por sí escueto presupuesto para el Instituto para la Reforma, por lo que muy pocos jornaleros se vieron beneficiados a partir de ese momento.

Cuando llegó la Guerra Civil, el gobierno golpista eliminó la Reforma en la zona que controlaban y, posteriormente, la abolió completamente cuando se hizo con el poder.

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Los Santos Inocentes no se desarrolla en Andalucía, sino en Extremadura, pero casi da igual hablar de una autonomía que de otra, ya que ambas sufrían de igual problemática.

La Reforma andaluza de 1984

Durante el franquismo todo siguió igual o peor, ya que no había visos de que la situación pudiera revertirse. Los “señoritos” seguían haciendo lo mismo y teniendo las mismas tierras y quien se moviese o pidiese algo, ahí tenían a la Guardia Civil o al ejército para pararle los pies (como mínimo).

Así, hasta que llegó la Constitución y la Autonomía.

El Estatuto de Autonomía de 1981 establecía en su artículo 12 que se promovería la reforma agraria entendida como la transformación, modernización y desarrollo de las estructuras agrarias y como instrumento de una política de crecimiento, pleno empleo y corrección de los desequilibrios territoriales.

A través de la Ley de Reforma Agraria de 1984 se creó un Instituto para ello y se expropiaron algunas tierras. Asimismo, se favoreció la modernización de otras para mejorar su producción o se fomentó el empleo bajo el concepto de “rentabilidad social”.

Sin embargo, parece que esta Ley no gustó a todo el mundo y Alianza Popular (el antiguo PP) lo llevó al Tribunal Constitucional (lo de llevar a este estamento todo lo que no le gusta no es cosa de hoy en día) porque, según ellos, no defendía el derecho a la propiedad privada ni la libertad de empresa. Está claro que, como cien años antes, lo que no querían era perder sus privilegios y seguir mangoneando a diestro y siniestro porque, el que tiene la tierra tiene el dinero y, por supuesto, el poder. De todas formas, el TC decidió que era legal.

La situación hoy en día.

Tras hacer un repaso por parte de la historia andaluza algunos aún se llevan las manos a la cabeza cuando se preguntan por qué la izquierda (más o menos izquierda) lleva gobernando la región desde que obtuvo la autonomía, ¿quizás porque en las zonas rurales no se ha olvidado todo esto y la derecha sigue viéndose como los que se paseaban por las tierras a caballo?

¿quién amamantó los olivos?

Vuestra sangre, vuestra vida,

no la del explotador

que se enriqueció en la herida

generosa del sudor.

No la del terrateniente

que os sepultó en la pobreza,

que os pisoteó la frente,

que os redujo la cabeza.

Hoy en día la situación algo ha cambiado. No tanto porque la Reforma Agraria haya sido una maravilla, sino más bien porque la economía se ha ido diversificando y la gente que trabaja en el campo es cada vez menor. No obstante, en épocas como la actual, tener unas tierras no le viene mal a nadie. Este sector no se ha visto tan afectado por la crisis y mucha gente se está refugiando en él buscando un empleo. La economía real sigue siendo real y la de turismo de sol y playa o construcción depende de la dirección del viento.

Algunos como el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) siguen pidiendo la expropiación de latifundios de condes y marqueses que dan trabajo a unas pocas personas pudiendo generar bastante más y luchan ocupando enormes fincas. Mientras, los mismos propietarios latifundistas se ríen de ellos, o de los andaluces en general, diciendo que no quieren trabajar ni tienen espíritu emprendedor… gente que tiene callos en las manos de contar dinero.

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Cabe recordar que la Casa de Alba tiene más de 25.000 hectáreas de campo en España, unas cultivadas y otras no. Pero no sólo eso, Manuel Chaves nombró Hija Predilecta de Andalucía a Doña Cayetana de Alba (¿próxima reina de Escocia?) a mayor vergüenza de la gente que se manifiesta y lucha contra lo que han ido llevando a cabo esta casta a lo largo de siglos, título que comparte con Vicente Aleixandre, Andrés Segovia, Carlos Cano o José Saramago.

En este mapa se muestra el porcentaje de fincas mayores de 150 has que hay en los diferentes municipios andaluces atendiendo a la información del SIGPAC hoy en día.

Hay que advertir que en las zonas de sierra o de Parques Naturales y Nacionales muchas de ellas son públicas y forestales, por lo que en estos lugares el rojo es más intenso. Asimismo, un latifundio puede no estar sólo en un municipio, sino que se puede extender por más de uno, algo que no hemos podido analizar con estos datos ya que se necesitaría mucho más tiempo para ello. Por esto, en los municipios pequeños o no aparecen latifundios o si se ha encontrado alguno el porcentaje se ha disparado.

En las grandes capitales, por otra parte, se ha eliminado la superficie urbana para intentar reducir el error. De todas formas, este mapa tiene tan sólo aptitud informativa y es una aproximación a la realidad.

http://www.ugr.es/~pwlac/G16_08JoseLuis_Solana_Ruiz.html

http://elpais.com/diario/1979/11/18/cultura/311727605_850215.html

http://elpais.com/diario/1987/03/27/economia/543798005_850215.html

http://elpais.com/diario/2011/01/03/andalucia/1294010524_850215.html

http://grupoestudiossat.files.wordpress.com/2013/04/ley-de-reforma-agraria-andaluza.pdf

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_ays%2Fa054_08.pdf

“El holocausto español” (2011), Preston, Paul.

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