Desarrollo rural

El Gobierno frena la venta de Montes de Utilidad Pública

  • Rechazada la pretensión del Gobierno castellanomanchego.
  • Se abre la puerta a las recalificaciones de los quemados antes de los 30 años que establece la legislación actual.
  • Sigue existiendo temor a las nuevas modificaciones que se introduzcan en del debate parlamentario.

El pasado mes de marzo, el actual ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, presentó el primer borrador de la nueva Ley de Montes. En éste se habían incluido una serie de reivindicaciones históricas de grupos y asociaciones, como el de cazadores, pero también se agregaron otros elementos con el fin de favorecer a sectores productivos, como el maderero o el de plantaciones forestales. Por esto se llegó a decir que, de nuevo, se había hecho una Ley acorde a los intereses particulares de estas esferas.

Algunas de estas ideas “amigas” de los sectores productivos hicieron saltar las alarmas de las asociaciones ecologistas. Ahora, una vez leídas las modificaciones incluidas en el tercer borrador, se comienza a respirar con cierto alivio, aunque sigue existiendo algo de temor.

Buscando una nueva desamortización

Uno de estos temores estuvo relacionado con la venta de Montes de Utilidad Pública. Si en el siglo XIX fue Madoz quien llevó a cabo la comercialización de gran parte de los montes públicos, en el XXI María Dolores de Cospedal ha pretendido repetir la jugada con el fin de conseguir algo de dinero que reduzca su abultada cifra de déficit.

La presidenta de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha abrió este debate declarando –e iniciando- sus planes de deshacerse de una serie de montes públicos, algo que se imbricó con el inicio de la modificación de la Ley. Esto hizo pensar a muchas ONGs que ésta era la antesala a la introducción de tal posibilidad en la legislación estatal.

Cospedal propuso la venta de hasta 57 Montes de Utilidad Pública (MUP), los cuales son considerados como “inalienables, imprescriptibles e inembargables” por la Constitución según su artículo 132. Su objetivo era conseguir algo más de 45 millones de euros, tan sólo un 0,6% del conjunto total del presupuesto de la Junta de Comunidades.

Los MUP son declarados como tales por sus valores ecológicos y su funcionalidad -algunos están en las cabeceras de los ríos o sirven para conservar suelos, por ejemplo- y se pretenden vender, tan sólo, para cubrir ese ínfimo porcentaje de presupuesto. Además, no sólo son importantes por sus servicios ambientales, sino que también permiten a las poblaciones cercanas a ellos obtener recursos que garantizan su subsistencia. Si son vendidos a banqueros o terratenientes es lógico pensar que no se va a permitir estos usos o, al menos, no de la forma en la que hoy en día se puede hacer.

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